PANAMÁ (AP) — Las protestas multitudinarias en Panamá llegaron el viernes hasta la Corte Suprema de Justicia para presionar al gobierno a que rescinda un contrato minero millonario que firmó con una empresa canadiense para extraer por al menos otros 20 años más cobre de una zona boscosa.
Durante cinco días, panameños críticos con la estrategia minera del ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, han cerrado carreteras y se han concentrado en varios puntos de Ciudad de Panamá y en otras provincias del interior contra un acuerdo ya aprobado que, aseguran, pone en riesgo el medioambiente del país. Por momentos, también ha habido episodios en la última semana de enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos.
La zona de extracción a cielo abierto está en un área boscosa que, según los detractores del acuerdo, puede derivar en daños al ambiente e incluso a fuentes de agua cercanas que se usan para consumo humano.
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